El ministerio argumenta que está estudiando modificaciones de un documento que está en fase de borrador desde diciembre de 2021.

El tiempo se agota. Si el Gobierno quiere implementar las normas contra el tabaco que prometió al principio de la legislatura antes de que esta termine, el nuevo plan nacional debería aprobarse de forma inminente, ya que desencadenará modificaciones legislativas que se demoran meses. El borrador, que incluye medidas como la ampliación de lugares libres de humos, el etiquetado neutro o aumento de los impuestos, lleva desde diciembre congelado, pendiente de unas modificaciones que el Ministerio de Sanidad no aclara. Ante esta parálisis, Cataluña se ha adelantado, anunciando este viernes que prohibirá fumar en terrazas en las próximas semanas.

No está claro cuál es el escollo que frena el Plan de Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025 que, como indica su fecha, ya va con retraso. Se trata de un documento extenso: toca una amplia gama de medidas que competen a varios ministerios, pero ni las sociedades científicas ni las asociaciones que luchan contra el tabaco entienden cuál es el problema para que no se apruebe. “El Gobierno tiene desde diciembre de 2021 todas nuestras aportaciones”, asegura Ana Fernández Marcos, directora de incidencia política de la Asociación Española Contra el Cáncer y vicepresidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT).

Sanidad no lo aclara. La ministra, Carolina Darias, dijo este mismo lunes que su departamento sigue trabajando “en una serie de modificaciones” y que lo llevará a la Comisión de Salud Pública cuando esté “en condiciones de poderlo presentar”. Su gabinete explica que continúa “el trabajo técnico de varios departamentos”.

Probablemente, la medida más visible del plan es la ampliación de espacios libres de humos. El texto no explicita cómo se hará, pero organismos como el CNPT proponen prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes, en playas, ampliar los perímetros de los entornos en los que está vetado (colegios, parques infantiles u hospitales), además de hacerlo en lugares como paradas o marquesinas de autobús, donde las personas tienen que permanecer quietas soportando los humos de los fumadores sin ninguna norma que les proteja.

Es una restricción que ya pueden implementar las comunidades autónomas. Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares no permiten fumar en las terrazas, desde que lo prohibieran con motivo de la pandemia. El cumplimiento, sin embargo, es más que laxo y la vigilancia, prácticamente nula.

Otras iniciativas del plan son competencia exclusiva del Gobierno central. Entre ellas, algunas de las que más incidencia tienen en la reducción del tabaquismo, como son el empaquetado genérico o la subida impositiva. Las cajetillas sin ningún tipo de logo ni publicidad de las marcas se ven desde hace años en Australia, el país pionero en esta medida, a la que se atribuye un 15% de reducción en el consumo. Los impuestos en España suponen un 79% del precio final de la cajetilla, en la media de la Unión Europea. Reino Unido y Francia se sitúan en el 84% y el 91%, respectivamente.

El tercer gran pilar del plan se basa limitar las nuevas formas de fumar, que están sujetas a una legislación más laxa que el tabaco tradicional. Vapeadores o shishas son con frecuencia la puerta de entrada al tabaquismo de la población más joven, algo que la industria aprovecha con promociones y patrocinios que los cigarrillos tienen prohibidos en lugares como festivales de música.

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