Cuando, el pasado enero, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se fijó como prioridad aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética y remitirla a las Cortes durante los 100 primeros días de mandato, gran parte de la sociedad lo vio como el empujón definitivo a una medida que llevaba años en proceso de tramitación y que parecía no llegar nunca. Pocos días después, la declaración de emergencia climática en España por parte del Consejo de Ministros ratificaba esa cierta sensación de alivio y situaba la lucha contra el calentamiento global como uno de los ejes transversales de la acción política del nuevo Gobierno. Sin embargo, la irrupción de la crisis del COVID-19 a inicios de marzo dejó en el aire la presentación del anteproyecto al que, previsiblemente, el Consejo de Ministros dará luz verde mañana. De esta manera, el texto comenzará una andadura parlamentaria que, en el mejor de los escenarios, culminará con la salida adelante de una Ley orientada a trazar la ruta hacia la neutralidad climática de España en el año 2050.

El documento, según apuntan desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acabado de perfilarse en las últimas semanas con la recopilación final de los diferentes informes institucionales y se presenta dentro del contexto de reactivación de la economía frente a la pandemia. «En un momento en el que tenemos que abordar el proceso de recuperación frente a la COVID-19, la transición energética se va a convertir en una fuerza motriz determinantepara generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma coherente con lo que necesitaremos como país en el medio y en el largo», ha señalado Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica.

Aunque el objetivo principal del texto se alinea con el Acuerdo de París y busca alcanzar la descarbonización a más tardar en 2050 –cuando el 100% del sistema eléctrico deberá ser renovable–, se especifica también una primera fase más a corto plazo: 2030. Para ese año, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990 lo que, según fuentes ministeriales, se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición de la Comisión Europea que ha fijado la reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% respecto a los niveles de ese mismo año. Para alcanzar estos objetivos se calcula que se movilizarán, según se especifica en el texto, 200.000 millones de euros de inversión (pública y privada) a lo largo de la próxima década.